Brians I, un agujero negro del sistema penitenciario catalán.
Brians I es una de las prisiones catalanas que ha sido más monitorizada por parte de las entidades en defensa de los derechos humanos.
Brians I es una de las prisiones catalanas que ha sido más monitorizada por parte de las entidades en defensa de los derechos humanos. En este centro penitenciario se han suicidado, en régimen de aislamiento, un mínimo de tres personas en los últimos cuatro años: Raquel, Lewys y Gina. Bajo el lema «No más muertes en prisión», la Asociación de Familiares contra la Crueldad Carcelaria y varias entidades denuncian la situación que se vive en las prisiones catalanas y convocan una manifestación el próximo 30 de octubre para defender los derechos de las personas presas.
El 11 de junio de 1991, el centro penitenciario de Can Brians abría sus puertas en el kilómetro 23 de la carretera de Martorell en Capellades, en el municipio de Sant Esteve Sesrovires. Esta era la segunda prisión que inauguraba el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol –quién dos años antes había cortado la cinta del centro penitenciario de Quatre Camins–, desde que la administración autonómica asumió las competencias en materia penitenciaria en 1984. “Construimos prisiones con la misma preocupación que construimos escuelas”, afirmaba Pujol durante el acto de presentación, intentando justificar las críticas recibidas hacia su gobierno en cuanto a la mala situación de estos centros de privación de libertad, que entonces tenía una población penitenciaria de 5.200 internos, 2.000 de ellos amontonados en la prisión barcelonesa de La Modelo.
Can Brians empezaba a funcionar pocos meses antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Con 508 celdas operativas y una capacidad para 800 internos, costó al Gobierno catalán 4.000 millones de pesetas (alrededor de los 25 millones de euros), siendo la primera prisión del Estado español construida con un diseño modular y con las medidas de seguridad más avanzadas del momento: dos líneas de anilla de seguridad, circuito de cámaras de vigilancia cerrado por todo el centro y un sistema electrónico teledirigido para abrir y cerrar las celdas sin la necesidad de un funcionario. La prisión también contaba con un módulo exclusivo para mujeres – había 406 mujeres presas en Cataluña en el momento de la apertura del centro–, que hasta entonces y desde 1983 se amontonaban en la prisión de Wad-Ras en Barcelona.
La ubicación de Brians, alejada de los cascos urbanos del Baix Llobregat, dificultaba las protestas y concentraciones fuera del centro, aumentaba el hermetismo y hacía prácticamente imposible cualquier tipo de fuga por parte de los internos. Este modelo de prisión de máxima seguridad fuera de las ciudades ya se había empezado a implementar en el Estado español desde la apertura en 1978 del centro penitenciario de Herrera de la Mancha, con el objetivo de disipar las protestas fuera de las prisiones y dificultar la organización de los internos para que no se volviera a repetir una experiencia como la de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL). Por este motivo, Instituciones Penitenciarias ubicó en este centro a los presos que en aquel momento consideraba más conflictivos, tanto en el ámbito mediático como social. Por Can Brians han pasado militantes de Terra Lliure como Jordi Pequeño o Núria Cadenas, activistas condenados por colaboración con ETA cómo Laura Riera o Diego Sánchez, presos sociales como “el Vaquilla” o políticos y empresarios condenados por casos de corrupción, como por ejemplo la exsenador socialista Josep Maria Sala o el financiero Javier de Rosa.
Una historia repleta de denuncias por maltrato y tortura
En sus 27 años de historia, el centro penitenciario Can Brians –o Brians I– se ha caracterizado a menudo por la gran cantidad de denuncias en relación a las torturas, el maltrato y la muerte de algunos presos y presas que se encontraban en régimen de aislamiento penitenciario, así como por el polémico corporativismo entre los sindicatos de funcionarios de prisión y la dirección del centro. Durante 9 años, de julio de 2008 hasta septiembre de 2017, Brians I fue dirigida por el psicólogo Joan Carles Navarro. El septiembre de 2017, cogió su relevo Josep Font, quién fue el último director de La Modelo y anteriormente había sido director de varios centros penitenciarios catalanes: Quatre Camins (La Roca del Vallès), Puig de les Basses (Figueres) y Lledoners (Manresa). Según fuentes consultadas del Departamento de Justicia, el relevo en la dirección fue debido de al hecho que Navarro había tenido “una larga trayectoria” en los centros penitenciarios. Aun así, la sustitución coincidió con el hecho que Navarro vivió los últimos meses como director de Brians I bajo la sombra de denuncias por maltrato, y tuvo que comparecer en el grupo de trabajo sobre Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT) en el Parlamento de Cataluña en 2017. Si bien ahora ya no es director de Brians I, Navarro está citado a declarar en calidad de testigo el próximo 11 de diciembre, para responder sobre el suicidio de la interna Raquel E.F. mientras se encontraba en régimen de aislamiento el abril de 2015, durante su dirección.
A pesar de que desde el Departamento de Justicia aseguran que Navarro es “una persona muy valorada por la dirección general”, no opinan el mismo desde Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, ni desde el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH). Durante el transcurso del grupo de trabajo sobre los DERT en el Parlamento de Cataluña, Navarro protagonizó una fuerte polémica con las entidades sociales, acusándolas de presionar a los internos para denunciar situaciones falsas de tortura y maltratos dentro del centro. Una de las personas que sufrió la acusación directa de Navarro durante su comparecencia fue el abogado del OSPDH Iñaki Rivera, quien visita regularmente internos en Brians desde que abrió sus puertas y conoce el centro de primera mano. “Nosotros hace años que sabemos que Brians es un agujero negro donde siempre ha reinado la impunidad por parte de los funcionarios de la prisión y la dirección.
Después del motín en la prisión de Quatre Camins en 2004, estábamos visitando presos que habían sido trasladados allí y algunos de ellos, entre ellos José Solís, nos contaban que recibían palizas por parte de los funcionarios después de hablar con nosotros. Hicimos público esto y se nos prohibió la entrada en todas las prisiones catalanas”, explica Rivera en relación al veto interpuesto al Observatorio por el entonces Secretario de Instituciones Penitenciaries, Albert Alcalde, entre los años 2005 y 2011. Rivera también asegura que durante este periodo recibió amenazas por parte de algunos funcionarios y que vivieron “momentos muy tensos donde pasamos miedo”.
Durante su comparecencia en el grupo de trabajo de la cámara catalana, Navarro reiteró en repetidas ocasiones que no había maltratos ni tortura a Brians I, a pesar de que reconoció que se han abierto expedientes disciplinarios a algunos funcionarios. Uno de los momentos más sonados se produjo cuando Navarro recordó el caso de cuatro funcionarios que taparon la cara con una sábana a una interna que tenía una “crisis de agitación”, porque “no pasara bacterias al escupir a los funcionarios”. “Con todo el dolor de mi corazón tuve que poner una sanción a los funcionarios”, remachó Navarro.
Según valora el abogado y codirector de Irídia, Andrés García Berrio, “hay un problema estructural en todas las prisiones”. Para él, “no se trata de una prisión u otra estrictamente”, pero sí que recuerda –en referencia al periodo de dirección de Joan Carles Navarro– que hubo “años de dejadez por parte de la dirección del centro, que permitió abrir espacios de opacidad muy amplios en Brians I”. “La dirección de Navarro dejó una situación de impunidad y opacidad, siempre que le explicabas un caso o una posible agresión a un interno, su respuesta era corporativa y de defensa de sus funcionarios y no mostraba un interés real en saber qué estaba pasando”, añade García Berrio.
Es precisamente en Brians I dónde –en los últimos cuatro años– un mínimo de tres internas se han suicidado mientras estaban en régimen de aislamiento: Raquel E.F., Lewys Alfaro y Gina Katherine Gómez. La Directa se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia, que ha confirmado que de los ocho suicidios registrados en población reclusa en Cataluña (personas que pueden estar en prisión, en ingreso hospitalario, de permiso, o en libertad condicional, entre otros) en 2017, dos fueron de personas ingresadas en departamentos especiales. Según la misma fuente, este año se han registrado hasta el momento cuatro suicidios en población reclusa, dos de ellos en departamentos especiales.
Las familias se organizan para reclamar que se respeten los derechos de las personas presas
Es la primera vez en muchos años que se juntan y se organizan colectivamente familiares de varios presos y presas. “Es imprescindible y necesario la generación de un movimiento social alrededor de la prisión que luche porque se defiendan los derechos de las personas presas y pueda poner sobre la mesa como está de obsoleto el sistema penitenciario”, explica el abogado de Irídia, Andrés García Berrio. Por eso, desde las entidades y la Asociación de Familiares contra la Crueldad Carcelaria han lanzado un manifiesto y convocan a una manifestación el martes 30 de octubre en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para pedir “respecto al derecho de las personas tomadas” y “romper el silencio que rodea las prisiones”. “Es una emergencia en materia de derechos humanos”, sentencia García Berrio.
A principios del pasado mes de agosto, Gina Katherine Gómez Gutiérrez se colgó en su celda. La interna estaba medicada, tenía antecedentes psiquiátricos y había amenazado con suicidarse. Aún así, llegó a pasar 74 días seguidos en régimen cerrado. Raquel E.F. se quitó la vida después de seis meses en régimen de aislamiento, que equivale a 21 horas al día sola en una celda. A pesar de que avisó en varias ocasiones que “no podía más” y que “quería morir”, Brians I no activó nunca el protocolo de actuación ante conductas con riesgo de autolesiones. El abril de 2015 se colgó en su celda. Es por eso que, ante esta situación, desde Irídia se considera que Brians I y el Departamento de Justicia –por lo tanto, la Generalitat de Cataluña– son responsables de la muerte de la interna, “por la relación de causalidad entre la conducta administrativa y el daño causado”.
El 30 de noviembre del 2017, Lewys Alfaro Orraca, de 29 años, también se colgó mientras se encontraba en régimen de aislamiento en la celda número 208 de Brians I. Desde entonces, la familia se ha quedado inmersa en un mar de preguntas que desde el centro penitenciario no han contestado. De nuevo, los impactos psicológicos de los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT) se ponen en evidencia, tal como han denunciado múltiples organizaciones de derechos humanos.
Desde Irídia –que ha llevado la acusación de los tres casos– critican la carencia de protocolos de comunicación en el momento de anunciar a las familias la defunción del interno. “Genera mucho daño no saber y no entender qué pasó”, explica el abogado y codirector de la entidad. Por eso piden una revisión de los sistemas de control penitenciarios para tener “la sensación que cada vez que hay una muerte en prisión se hace un análisis exhaustivo y se hace una rendición de cuentas”.
Las entidades recuerdan la importancia de limitar el aislamiento penitenciario a un máximo de 15 días, tal como recomiendan organismos internacionales como las Naciones Unidas, puesto que a partir de estos días se pueden generar daños psicológicos irreversibles en los presos y presas.
Además, el aislamiento daña a las personas y provoca tendencias autodestructivas, tal como se ha demostrado a través de informes del Mecanismo para la Prevención de la Tortura del defensor del pueblo o del Protocolo de Estambul. En Cataluña hay actualmente 13 centros penitenciarios, 9 de los cuales tienen módulos DERT. En estos módulos, donde se encuentran las celdas de aislamiento y las salas de contención mecánica, se han documentado varios abusos, según constatan las informaciones recogidas por entidades como el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) mediante el Sistema de Registro y Comunicación para la Protección de víctimas de Violencia Institucional (SIRECOVI), el defensor del publo de Cataluña e Irídia.
Según cifras del Departamento de Justicia, 4 personas se han suicidado en las prisiones catalanas entre enero y junio de 2018 y 11 más han muerto por otras causas. Durante los últimos 10 años, 68 personas se han quitado la vida en algún centro penitenciario catalán. 2013 ha sido el año más mortal de la última década, cuando 62 personas murieron en prisiones catalanas por varios motivos, como por ejemplo enfermedades, sobredosis, suicidio, accidentes o agresiones. Hay que destacar que –según se publica en las estadísticas de Justicia– hay muertos “por causa desconocida”, 4 este año, 120 en los últimos 10 años.
NOTA : HOY EN DÍA A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE ESTE ARTÍCULO SIGUE SUCEDIENDO LO MISMO, LOS FUNCIONARIOS CONVERTIDOS EN "MAFIA", MALTRATAN A LOS PRESOS, DÍA SI, Y DÍA TAMBIÉN.